Todo ello causó más de 500 víctimas mortales y de 1.500 heridos y provocó que 396.032 personas tuvieran que abandonar sus hogares y migrar hacia otras zonas quedando en en una situación de máxima precariedad, sin recursos propios y sin la adecuada ayuda gubernamental.

La falta de asistencia y los daños en las infraestructuras de acceso al agua y al saneamiento desencadenaron diversas enfermedades infecciosas debidas al agua en mal estado. Por otra parte, las comunidades que acogieron a los desplazados por la catástrofe no disponen de suficiente agua potable y sistemas de saneamiento, lo que hace temer por la salud e incluso las vidas de la población. En general, el 62% de los desplazados practica la defecación al aire libre y el 58% no tienen acceso a agua segura.