La pandemia del SARS-CoV-2 ha generado gran inquietud en Nicaragua. Muchas ONG, observadores internacionales y antiguos responsables de sanidad llevan alertando desde finales de marzo de la ausencia de datos fiables sobre la evolución de la pandemia, y de importantes contradicciones entre los comunicados oficiales del Gobierno y lo que los nicaragüenses reflejan en las redes sociales. Las imágenes de muertos por las calles y de afluencia masiva a los cementerios con fosas abiertas, así como los llamamientos de profesionales sanitarios hacen sospechar que la realidad es muy distinta a la versión oficial.

Esta situación ha creado desconfianza en la población nicaragüense, que ante la poca información que brinda el Gobierno ha decidido seguir masivamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) yla Organización Panamericana de Salud (OPS). Así lo recomendaron el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y grupos de expertos, como el Comité Científico Multidisciplinario, formado por profesionales de la salud y la educación a los pocos días de estallar la alarma. Estas instituciones han criticado abiertamente la negligencia del Gobierno en su respuesta a la pandemia.

Por otra parte, cinco exministros de Salud nicaragüenses han denunciado en una carta dirigida a la OMS y a la OPS, la carencia de acciones y el caso omiso que hizo el Gobierno al llamamiento del 11 de marzo cuando se declaró oficialmente la pandemia. Aseguran que no se ha informado de forma veraz y objetiva a la población, distorsionando los datos de muertes y contagios, y no se ha protegido ni a la población ni al personal sanitario con las medidas necesarias, como detener las actividades públicas que implican aglomeraciones de personas.

Los exministros, igual que el Comité Científico a finales de marzo, pidieron al Gobierno el cierre inmediato de las escuelas y universidades. Sin embargo, la solución de fomentar las clases a distancia online o por otros medios como la radio o la televisión no garantizaba la continuidad educativa, dada la desigualdad en la cobertura de Internet entre las diferentes regiones y centros educativos del país.

Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos como el agua y el saneamiento es un desafío constante. Según el Banco Mundial, el país mantuvo un buen ritmo de crecimiento en 2016 y 2017; sin embargo, debido a los disturbios sociales y políticos que se registran desde abril de 2018, la economía se está contrayendo y las previsiones para 2020, aún antes de la covid-19, no eran nada optimistas. El estallido de la pandemia se suma al grave costo social de la violencia, la pérdida de empleos y la caída en la confianza de las empresas de todos los sectores, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde 2005.

La precaria situación del suministro de agua potable en algunas ciudades y regiones del país, estimadas según Aquastat, muestran que, en 2015, mientras el 87 % de la población tenía acceso al agua potable, este porcentaje caía al 70 % en las zonas rurales, y que, en 2007, de cada 1.000 nicaragüenses, 214 estaban afectados por enfermedades relacionadas con el agua en mal estado. Esta situación, según los anteriores informes del Banco Mundial, no ha mejorado debido a la inestabilidad política y social.

Esto ocurre en departamentos como Jinotega y Boaco, en la zona centro norte de Nicaragua. En pequeños municipios, como Yalí y San Lorenzo, casi la mitad delas fuentes del agua subterránea son incapaces de abastecer a la población, especialmente durante la estación seca (noviembre-abril), y los pozos se agotan unos dos años después de su instalación.

La Fundación colabora con World Vision en un proyecto para llevar agua, saneamiento y capacitación de la higiene en las escuelas de estos municipios. Éstas tienen unos problemas que se dan en muchos centros del país: se sitúan a gran distancia de los pozos y la deficiente infraestructura de las tuberías afecta tanto al acceso al agua como a su salubridad. Por otra parte, los bebederos y lavanderos de estos centros están en condiciones deplorables o no existen.

590 estudiantes de las escuelas del proyecto dispondrán también de servicios y letrinas con la seguridad necesaria parala privacidad de la niñez, un factor fundamental para disminuir el riesgo de ataques sexualesa niñas y niños, otra de las lacras de las escuelas de las zonas más pobres. Las escuelas vertebran el núcleo del desarrollo de los pequeños municipios; en Yalí y San Lorenzo se beneficiarán del proyecto más de 3.800 personas

Otro problema son las condiciones de los servicios higiénicos, ya que éstos son poco seguros para el uso de los estudiantes más pequeños (menores de 6 años). Muchos de estos servicios están también muy deteriorados y no cumplen con los estándares de seguridad. En esta situación, la pandemia de la covid-19 es una grave amenaza.

La consecución del ODS 6, acceso al agua y al saneamiento, es imprescindible para que las escuelas, el eje en el que se articula cualquier desarrollo hacia un futuro digno de cualquier comunidad, consigan la resiliencia necesaria para afrontar las pandemias. Puedes colaborar aquí.