En África, cerca del 90 % de sus recursos hídricos superficiales cruzan fronteras nacionales. Y no solo fronteras políticas, sino también étnicas y culturales dentro de cada país. Esto convierte el acceso, el uso y la protección del agua en desafíos inevitablemente transfronterizos. A modo de comparación: en América este porcentaje ronda el 60 %, y en Europa, el 40 %. El caso africano revela así una particularidad crítica.

¿Cuál es la causa? Parte de la respuesta está en la historia. Las fronteras coloniales fueron trazadas desde Europa sin tener en cuenta la geografía física ni los flujos naturales, dividiendo ríos, acuíferos y culturas del agua según intereses geopolíticos. Estas fronteras impuestas sentaron las bases para conflictos persistentes. La crisis del Nilo entre Egipto, Sudán y Etiopía es un ejemplo paradigmático.

Algunos de los países más afectados por esta fragmentación también son los más vulnerables al cambio climático y la inestabilidad social. Desde la Fundación, conocemos de primera mano los casos de Burkina Faso, Malí, Tanzania, Costa de Marfil, Ruanda, Uganda y Etiopía. Todos ellos se ubican en cuencas compartidas —como las del Volta, el Níger o el Nilo— y, en cada proyecto de acceso al agua que llevamos a cabo a escala local, se hace patente la preocupación los gobiernos locales y nacionales por el acceso equitativo a los recursos hídricos.

En la última década, se ha consolidado una ambiciosa arquitectura institucional que sitúa la sostenibilidad hídrica de África como una prioridad global. Organismos internacionales como el Banco Mundial y la FAO colaboran estrechamente con mecanismos africanos clave como el African Ministers’ Council on Water (AMCOW), el African Union’s Continental Water Investment Programme (AIP) y autoridades supranacionales como la Volta Basin Authority (VBA), que agrupa a los gobiernos de Malí, Ghana, Togo, Benín, Burkina Faso y Costa de Marfil.

Es preciso avanzar hacia una gobernanza hídrica y climática más justa, inclusiva y basada en la evidencia. Porque la sostenibilidad de cualquier proyecto no admite ambigüedades: los errores se hacen visibles con rapidez, y las infraestructuras, por sí solas, no garantizan el acceso universal al agua y al saneamiento a largo plazo.

La clave está en planificar con datos fiables, accesibles y compartidos: ¿Dónde llueve y cuánto? ¿Qué regiones consumen más y por qué? ¿Qué zonas están en riesgo de sequía o inundación? ¿Cómo se anticipan los efectos del cambio climático en las áreas que, desde hace más de una década, el IPCC viene señalando como vulnerables a las sequías recurrentes? Estas preguntas no se pueden responder sin una infraestructura que utilice tecnologías avanzadas de detección, visualización y análisis de datos.

Ya hemos abordado aquí la importancia de la participación ciudadana en los proyectos de mapeo y el valor de los datos satelitales como herramientas para acercar el conocimiento del agua de forma comprensible y transparente. El reto actual es escalar esa capacidad de análisis al nivel de los gobiernos, de forma que los datos de calidad se conviertan en la base para planificar políticas públicas eficaces.

Uno de los avances más prometedores en la revolución de los datos hídricos en África está liderado por instituciones como el International Water Management Institute (IWMI), que coordina la asistencia tecnológica, y la plataforma Digital Earth Africa, que facilita el acceso abierto a datos de observación terrestre en un formato útil y accesible para gobiernos, instituciones y comunidades.

Fruto de esta colaboración, el proyecto Digital Innovations for Water Secure Africa (DIWASA) se ha consolidado como un referente. Activo en Burkina Faso, Ghana, Etiopía y Zambia, DIWASA utiliza tecnologías avanzadas de observación satelital, contabilidad hídrica y alertas de sequía e inundaciones.

Uno de los desarrollos más vanguardistas es la implementación de “gemelos digitales de cuenca”: réplicas virtuales basadas en datos reales —lluvias, caudales, usos del suelo, calidad del agua— que permiten simular diferentes escenarios de gestión. Son, en esencia, simuladores del comportamiento hidrológico de ríos como el Níger o el Nilo, que permiten anticipar el impacto de construir una presa, modificar un uso agrícola o enfrentarse a un episodio extremo vinculado al cambio climático. Su valor reside en que ayudan a pronosticar el impacto antes de actuar

En Ghana, por ejemplo, se ha desarrollado un panel de control de la cuenca del Volta accesible en línea, que permite visualizar en tiempo real los flujos hídricos, los usos agrícolas y la evolución de los cuerpos de agua. En Etiopía, más de 60 técnicos fueron capacitados en 2024 en el uso de  SIWA+, una innovadora plataforma que integra datos multiescalares para diseñar políticas públicas más ajustadas a las condiciones reales del territorio.

Este modelo de gestión basada en evidencia empieza a dar sus primeros frutos. Pero el reto ahora es doble: lograr que los gobiernos lo adopten de forma sistemática y garantizar que los datos lleguen también a las comunidades locales, que son quienes más los necesitan para adaptarse y tomar decisiones cotidianas.

A pesar del avance tecnológico, estos proyectos requieren inversiones sostenidas. La reciente retirada de fondos por parte de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) —uno de los principales financiadores— ha generado una comprensible preocupación entre los responsables de su implementación.

Además, el Fondo de Pérdidas y Daños acordado en la COP27, destinado a apoyar a los países más vulnerables frente al cambio climático, no contempla explícitamente la necesidad estructural de generar y mantener sistemas de datos hídricos. Esta omisión debería ser corregida en la agenda de la próxima COP 30 en Belém (Brasil), si se pretende asegurar una adaptación climática basada en evidencia y planificación sostenible.

Pero el problema no es solo económico. Muchos países africanos enfrentan profundos desafíos estructurales: inestabilidad política, corrupción institucional, conflictos armados alimentados por la explotación de minerales estratégicos (como el coltán en la región de los Grandes Lagos), y la expansión de grupos terroristas en el Sahel y otras zonas de alta fragilidad.

A esto se suma un escenario internacional cada vez más complejo. La creciente presencia geopolítica de Rusia y China, que compiten con actores europeos y empresas multinacionales, está reconfigurando los acuerdos en torno a infraestructuras hídricas y proyectos de cooperación, con lógicas que a menudo priorizan intereses estratégicos por encima del bien común.

Y sobre todo, está el cambio climático, que actúa como multiplicador de riesgos: intensifica sequías e inundaciones, desestabiliza los ciclos agrícolas y aumenta la competencia por el agua.

África es un continente clave para el futuro de la humanidad, pero no podrá desarrollarse sin resolver antes el acceso equitativo al agua, un derecho humano básico que sigue inalcanzable para millones.

En este contexto, las alianzas internacionales —el núcleo del ODS 17— adquieren una relevancia especial. No se trata solo de transferir tecnología o financiación, sino de compartir conocimiento, fortalecer capacidades locales y construir confianza entre países y comunidades.

A pesar de los enormes desafíos, la revolución de los datos hídricos ya ha comenzado. Las iniciativas demuestran que es posible avanzar hacia una gobernanza más justa, transparente y eficaz del agua. Es una tarea colosal, sí. Pero el agua que fluye en África nos afecta a todos.