El mundo está seriamente preocupado. La reciente COP28 de Dubái ha constituido el diálogo más importante para la humanidad desde la creación de la ONU al acabar la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos es la que más expectativas ha despertado desde que comenzaron estas conferencias en 1995. En aquella época, el cambio climático, pese a que ya estaba refrendado por la ciencia, era una amenaza lejana para la población. Ahora estamos en un escenario radicalmente diferente: la humanidad atraviesa una crisis evidente que nos afecta a todos, y la forma en que la tenemos que resolver implica altas dosis de solidaridad.

En la COP 21 de París de 2015, hubo un punto de inflexión: se firmó un acuerdo histórico para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Entonces se decidió no sobrepasar los 1,5ºC de temperatura atmosférica. Los sucesivos informes de IPCC, cuyas previsiones se han ido corroborando año tras año, han multiplicado los llamamientos para acelerar el cambio y evitar lo peor. El calentamiento no ha hecho más que aumentar, pero las acciones ejecutivas definitivas no llegaban, provocando una sensación de impotencia general y la exasperación de los científicos y expertos de la ONU, quienes consideran que, en estos ocho años desde el Tratado de París, hemos perdido un tiempo precioso.

El récord de asistencia a la COP 28 confirma la inquietud: más de 70.000 delegados y líderes de todo el mundo acudieron a Dubái, y laCumbre Mundial sobre Acción Climática de alto nivel (WCAS), que se celebró los dos primeros días, congregó a 156 Jefes de Estado y de Gobierno, 22 líderes internacionales y 784 ministros, algo nunca visto hasta ahora.

El acuerdo sobre los combustibles fósiles llegó in extremis. Hubo mucha presión por parte del lobby de la OPEP que envió un número récord de delegados; sin embargo, en el texto aprobado, por primera vez se invita a las naciones a “emprender una transición para alejarse de los combustibles fósiles” (no sólo al carbón como se citaba en la COP21 de París), que representan el 80% de la energía mundial. Es el mayor nivel de compromiso que se ha alcanzado hasta ahora.

Es un primer paso legal dado por consenso de los 198 países que es histórico. En el acuerdo final se reconoce la necesidad de limitar el calentamiento a 1,5ºC mediante reducciones de gases invernadero del 43% para el 2030 y del 60% para el 2035 con relación al 2019, a fin de alcanzar un balance neto de emisiones cero en 2050.

Pero ecologistas y muchos científicos han criticado que al acuerdo se ha llegado por consenso, no por votación, y que no se especifican sanciones por incumplimiento, y se ha borrado del texto final el phase out (reducir progresivamente)tan deseado, lo que para muchos es un fracaso.

Tampoco se concreta la financiación que necesitan los países en desarrollo para implementar la transición y el ritmo de la reducción se deja a criterio de los países, lo que es una fuente de incertidumbre para los resultados finales. También se critica que no haya calendario para la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles, uno de los factores clave para el éxito de su abandono.

Sin embargo, en líneas generales, la cumbre ha mostrado significativos avances que sin duda van a influir en las decisiones. El primero es el evidente abandono del negacionismo. Ya ningún país, ni siquiera los que basan su economía en la producción de petróleo, se muestra reticente a aceptar que el cambio climático es antropogénico y que está generando una  crisis global. Pese a la polémica inicial por las declaraciones del Sultan Al Jaber, presidente de la COP, quien cuestionó los informes científicos – rectificando rápidamente a las pocas horas -,el documento final reconoce que las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de GEI, han causado “inequívocamente” un calentamiento de aproximadamente 1,1ºC a nivel global.

El segundo cambio de enfoque ha sido colocar a las personas en primera línea. La relación entre cambio climático y la salud, la desigualdad de género y la indefensión de las comunidades más abandonadas ante las sequías, las inundaciones y la subida del nivel de mar son temas ya permanentes en la agenda de las futuras COP, y constituyen el factor determinante en el diseño de las estrategias de adaptación.

En la anterior COP 27 de Sharm El Sheik, se esperaba una resolución contundente sobre el Fondo para Pérdidas y Daños, un recurso para financiar la adaptación de los países más pobres que venimos arrastrando sin concreción desde una década. Por entonces, las discusiones sobre el cálculo de las cantidades y las formas de financiación impidieron que el fondo se activara, y tampoco se celebró la prometida reunión programada para el pasado julio con el objetivo de que en la COP28 existiera ya un documento para firmar un acuerdo vinculante.

El Fondo es un recurso solidario que nos sitúa ante una realidad: el equilibrio mundial depende de que las desigualdades que provoca la crisis climática se solventen. En Dubái, se ha logrado, por lo menos, definir las cantidades de partida: el fondo deberá reunir “al menos” 100.000 millones de USD cada año hasta el 2030, y lo gestionará el Banco Mundial, que será el anfitrión interino por un período de cuatro años. Es un avance, pero los países del Sur Global, los que menos contribuyen al cambio climático y que más sufren sus consecuencias, exigían más: una aportación de cerca de los 400.000 millones anuales, y que el Fondo no dependiera del Banco Mundial.

La crisis climática se manifiesta a través del agua. Sequía e inundaciones son los fenómenos que, unidos a las olas de calor, causan casi todos daños directamente a las personas, en su mayoría a las que menos recursos tienen. La desertificación y la contaminación del agua entran en este círculo nefasto de degradación medioambiental. Constituyen factores que desafían nuestra capacidad de adaptación y comprometen directamente a la mayor parte de los ODS.

Para lograr la resiliencia debemos colocar el agua en el centro de todas las estrategias, lo que no se reconoció explícitamente hasta la COP 22 de Marrakech, en 2016. A partir de entonces, el ciclo del agua ha ganado un creciente protagonismo y configura el lenguaje que se emplea para transmitir las acciones de adaptación y las vías en las que se debe canalizar la solidaridad.

Las ayudas a la agricultura frente a las sequías eran las más esperadas. 152 países firmaron una Declaración sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción climática, anunciando el desbloqueo de más de 2.500 millones de dólares por parte de la comunidad internacional con el objetivo de financiar este nuevo compromiso.

Por otra parte, el Freshwater Challenge, lanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua el pasado marzo, gana 30 nuevos países miembros que se  comprometen a proteger y restaurar el 30 % de los ecosistemas de agua dulce degradados de la Tierra para 2030.

El mundo está dividido en dos. Los que tienen que liderar obligatoriamente la mitigación y los que deben adaptarse urgentemente y hacer de la adaptación eficaz la herramienta básica para la resiliencia para el futuro. Mitigación y adaptación son objetivos de un frente común, una nueva definición para la solidaridad planetaria.